El primer tratado internacional vinculante sobre inteligencia artificial. Adoptado por el Consejo de Europa en mayo de 2024 y abierto a la firma en Vilnius en septiembre de 2024. Firmado por la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Israel y otros Estados. AIPIA alinea su Código Ético con los principios de la Convención.
Durante la última década, el gobierno de la IA ha consistido en instrumentos de soft law: Principios OECD (2019), Recomendación UNESCO (2021), estrategias nacionales y compromisos voluntarios corporativos. La Convención Marco del Consejo de Europa es distinta. Es un tratado vinculante: los Estados que la firmen y ratifiquen aceptan obligaciones de derecho internacional sobre el uso de IA por autoridades públicas y — cuando así lo decidan — por actores privados.
El Consejo de Europa negoció la Convención durante tres años, con participación de sus 46 Estados miembros y Estados observadores, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Australia, Argentina, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. La Convención está abierta a Estados ajenos al Consejo de Europa, lo que la convierte en candidata a primer marco global sobre IA vinculante bajo derecho internacional.
Los tres pilares de la Convención — derechos humanos, democracia y estado de derecho — anclan cada requisito operativo. Las Partes se comprometen a aplicar medidas que protejan esos valores a lo largo del ciclo de vida de la IA: diseño, desarrollo, despliegue y retirada.
Para profesionales, la Convención importa de dos formas concretas. Primero, fija una línea base difícil de ignorar: a medida que más Estados ratifican, los principios se incorporan al derecho nacional y a las reglas de contratación pública. Segundo, complementa al Reglamento UE de IA: la Convención aporta el encuadre de derechos humanos, el Reglamento aporta el detalle operativo. Juntos conforman el modelo europeo de regulación de IA, cada vez más citado como referencia fuera de la UE.
La Convención se estructura en torno a tres compromisos interrelacionados. Cada uno es vinculante para los Estados firmantes respecto al uso de IA por el sector público; las Partes pueden extender obligaciones al sector privado a través de la legislación nacional.
Las actividades de IA a lo largo de todo su ciclo de vida deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Discriminación, vulneraciones de privacidad, manipulación de la autonomía personal y otras lesiones de derechos causadas por IA caen dentro del ámbito de la Convención y exigen remedios efectivos.
El uso de IA que socava instituciones democráticas, integridad electoral, independencia judicial o debate público plural es incompatible con la Convención. Los Estados firmantes deben garantizar que el despliegue de IA en servicios públicos y procesos políticos respete las salvaguardas democráticas.
Las actividades de IA están sujetas a la ley. Las autoridades deben poder aplicar los marcos jurídicos existentes — administrativo, civil, penal — a los daños causados por sistemas de IA. La Convención rechaza los vacíos de responsabilidad creados por la toma de decisiones autónoma.
Las Partes deben establecer procedimientos para evaluar riesgos e impactos de la IA en derechos humanos, democracia y estado de derecho. Las evaluaciones son iterativas a lo largo del ciclo de vida del sistema, no un visto bueno único en el despliegue.
Los sistemas de IA y su uso deben ser identificables y sometibles a supervisión. Las personas afectadas deben saber cuándo interactúan con un sistema de IA y poder obtener información significativa sobre su funcionamiento.
Las personas dañadas por IA deben tener acceso a recursos efectivos — judiciales, administrativos u otros — para impugnar decisiones y obtener reparación. Los recursos deben ser accesibles en la práctica, no solo sobre el papel.
Los Estados firmantes promueven la innovación alineada con los principios de la Convención, incluso mediante entornos controlados de prueba (sandboxes regulatorios) y desarrollo de capacidades en autoridades públicas.
A diferencia del Reglamento UE de IA, la Convención está abierta a Estados ajenos al Consejo de Europa. Argentina, Costa Rica, México, Perú y Uruguay participaron como observadores en la negociación y pueden ratificarla en el futuro. Eso la convierte en el primer instrumento internacional sobre IA con vocación verdaderamente global.
Para profesionales que ejercen en Argentina, México o desde Miami con clientes latinoamericanos, la Convención es relevante por dos motivos. Primero, los principios que recoge se están consolidando como estándar internacional de buena práctica, citado ya en concursos públicos y acuerdos comerciales transfronterizos. Segundo, una ratificación futura por parte de Estados latinoamericanos haría que el marco se incorporase al derecho nacional con efectos directos sobre la práctica profesional.
La Convención y el Reglamento UE operan a niveles distintos. La Convención fija principios fundamentales vinculantes para los Estados firmantes en derecho internacional; el Reglamento es legislación UE directamente aplicable, con obligaciones técnicas detalladas, reglas de vigilancia del mercado y sanciones.
En la práctica, los Estados miembros de la UE que ratifiquen la Convención satisfacen la mayor parte de sus obligaciones a través de la implementación del Reglamento. Los firmantes no UE — Reino Unido, Estados Unidos, Israel y otros — deben trasladar la Convención a sus propios marcos jurídicos, normalmente mediante legislación sectorial nueva o reformas de su derecho administrativo.
El Código Ético de AIPIA está diseñado para satisfacer ambos instrumentos. Quien opera entre mercados europeos, hispanohablantes y norteamericanos puede apoyarse en un estándar profesional único en lugar de reconciliar marcos paralelos por su cuenta.
La Convención Marco del Consejo de Europa fija la línea base de derechos humanos para la IA. La formación, los grupos de trabajo y el Código Ético de AIPIA la traducen en práctica profesional operativa.